Esta mañana (por el lunes), la Corte norteamericana dio a conocer su decisión de no aceptar el caso argentino con los fondos buitres, lo que significa, en la práctica que queda firme el fallo del juez amigo de los holdouts, Griessa.
Por medio de aquel fallo, el juez Griessa reinterpretaba la cláusula de pari passu (tratamiento igualitario), colocando a este pequeño grupo de especuladores que representan el 0.45% de bonistas, por encima del 93% que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. En el marco de la peculiar interpretación del juez neoyorkino se determinaba, entonces, que la Argentina pague U$U1.330 millones a los buitres, que corresponden al 100% del valor nominal de los títulos adquiridos a precio vil ya en default, tal es la estrategia de rapiña de estos fondos -con gran capacidad de lobby, por otra parte, en el ámbito de la política y la justicia, en diferentes latitudes del globo- que aprovechan la situación de economías en situación de vulnerablidad para obtener ganancias extraordinarias.
Asimismo Griessa había determinado que la Argentina no podría seguir pagando a los bonistas que forman parte del 93% que tienen títulos con sede en Estados Unidos sin pagar paralelamente el 100% a los buitres, so pena de embargo.
De modo tal que la decisión de la corte estadounidense, mientras devuelve el caso al fuero de Griessa estableciendo la posibilidad de una negociación con los buitres, con ese juez de por medio, acaba de generar un pésimo precedente a escala internacional. ¿Quién podría tener estímulos para ingresar en un proceso de reestructuración de deuda soberana con este antecedente que avala a que un solo acreedor que no acepte las condiciones puede inhibir, con la complacencia de la justicia, todo un proceso?
Esto mismo fue lo que advirtió, dentro del importante coro de voces del escenario internacional que se pronunciaron en contra de un fallo favorable a los buitres, el propio gobierno norteamericano. En este sentido, sin dudas, el fallo de la Corte, con la excepción de la jueza Sotomayor, aparece desafiante frente a la opinión de la administración Obama. El fallo implica un riesgo sistémico claro, en un mundo donde la crisis del neoliberalismo financiero tiene en jaque a un número no desdeñable de economías con situaciones de insolvencia y necesidades de reestructuración de sus abultadísimas deudas soberanas. Si esos procesos se hacen inviables, esas economías serían empujadas, sin escala, al default.
Una lección de este suceso tiene que ver con la necesidad de volver a posar la mirada en la ausencia de una adecuada regulación internacional que de un marco de viabilidad a los procesos de renegociación de deuda soberana, por un lado, y que limite el accionar de comportamientos especulativos de ciertos actores de las finanzas globales que someten a los países.
Volviendo a la esfera local, lo que se sigue de la decisión de la corte norteamericana es la posibilidad de abrir un proceso de negociación con los buitres que extienda los tiempos más allá de diciembre de 2014, en que dejaría de regir la cláusula RUFO que impide que Argentina de un tratamiento diferencial a otros bonistas respecto del que fue aceptado por el 93% de los ingresaron a los canjes, cosa que significaría poner en riesgo el proceso de renegociación previo. Sería una opción con final abierto.
Por otra parte, si persisten los términos del fallo de Griessa antes de enero de 2015, habrá que garantizar los mecanismos para seguir honrando los compromisos con el resto de los bonistas eludiendo el escenario de embargo vía Nueva York. En el momento de la reapertura del tercer canje, la Presidenta había hecho mención a la voluntad de elevar la propuesta de cambiar esa sede por la de Buenos Aires de modo de poder seguir depositando los pagos con normalidad a los tenedores de bonos con esas condiciones de emisión.
En el escenario de persistencia de los términos del fallo de Griessa, lo que abriría litigios potenciales de otros bonistas que también podrían reclamar el pago del 100% del valor de sus tenencias -según estimó el Ministro de Economía- por U$S15.000 millones (equivalente a la mitad de las reservas que atesora el BCRA), por lo que se asume la negativa de nuestro país a efectuar los pagos a los buitres en esas condiciones, el mayor perjuicio para nuestra economía estaría dado por las peores condiciones que pesarían para el país para obtener financiamiento externo.
Despejadas estas cuestiones, y a la espera del horizonte a seguir que será trazado esta noche a las 21hs por la Presidenta de la Nación, es bueno bajar a la tierra de los mortales, que poco y nada tienen que ver con las finanzas internacionales, para señalar que esta decisión de la justicia norteamericana no tiene impacto directo sobre ninguna variable relevante que afecte a los argentinos y argentinas de a pie.
Es una mala noticia, sin dudas, porque va a contramano de todos los esfuerzos realizados por la Argentina. No obstante, sin dudas, se avanzará, sobre la base de este nuevo elemento, en la mejor estrategia posible para el país. Pero también es bueno que sepan los argentinos que no cambia nada en el desenvolvimiento cotidiano nuestra economía. Así que a escuchar a la presidenta esta noche y a seguir disfrutando los goles de la selección, que hay muchos por venir.
Por Fernanda Vallejos: Economista
