El pasado jueves, Aníbal Fernándes junto a la senadora Elena Corregido (Chaco), presentaron un proyecto de ley que busca ampliar los derechos políticos de los jóvenes que manifiestan compromiso político. Proponen que tal como es en la actualidad para los mayores de 70 años, el voto sea un derecho y no una obligación también para los jóvenes entre los 16 y los 18 años.
Este proyecto tiene como objetivo la ampliación de los derechos políticos de los jóvenes de entre 16 y 18 años de edad, constituyendo un nuevo paso en el proceso de construcción de mayor ciudadanía para esta franja de la juventud.
Existen antecedentes en la legislación comparada, tanto de países europeos como latinoamericanos, en los cuales se han aprobado leyes otorgando una nueva responsabilidad política a la juventud para que pueda elegir a sus representantes en todos los niveles de gobierno. Cada vez son más las opiniones favorables hacia la plena participación de los jóvenes en el proceso democrático, y en las cuestiones que hacen al Estado en sus tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
Para la historia de la democracia en la Argentina, significa la profundización de un proceso de participación política, a partir de la incorporación de una franja cada vez más amplia de población. Implica, además, el reconocimiento en esta franja etaria de capacidades y potencialidades hasta ahora invisibilizadas por una parte de la sociedad.
Constituye, asimismo, una garantía para el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de opinión, en tanto les brinda la posibilidad de expresarse a través del voto, eligiendo a sus representantes.
Los fundamentos desde los cuales se sostiene el presente proyecto tienen sus raíces en la Doctrina de Protección Integral de los Derechos de los Niños y el nuevo paradigma desde el cual se percibe a la niñez, la adolescencia y la juventud.
Las personas desde su nacimiento son concebidas como sujetos plenos de derechos, reconocidos en nuestra Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos de los Niños y otros Tratados Internacionales ratificados por nuestro país en la Ley 26.061.
Desde esta perspectiva, se reconoce el papel futuro, las responsabilidades, la participación de los jóvenes en la sociedad, y su función activa. Ya no se los considera como meros objetos de socialización y control.
Los jóvenes van internalizando el ejercicio de la política y de la democracia de manera progresiva, en función de su compromiso, de su práctica y su militancia.
